Por Radio Provincia, advirtió que el proceso de privatización de la empresa AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos) encamina al servicio hacia una pérdida de derechos de los ciduadanos. Explicó que con la estatización del servicio, "se había logrado que se lo reconozca como un derecho humano" y que, como tal, "no se lo pueda cortar". Sin embargo, criticó que "con la modificación del marco regulatorio que hizo el gobierno (de Milei), eso se suprimió pese a que, según los convenios internacionales, el agua es un derecho humano".
Agregó que "el decreto 493 que modificó el marco regulatorio, también alteró los controles de calidad del agua: algunos fueron flexibilizados y otros ya no se van a medir". Se trata de "parámetros que hacen a la salud de la población". Planteó que "en el caso de nitrato, se flexibilizó de 45 miligramos por litro, pero se subió a 50", que permitió que "en el plan de nitrato que tiene AySA, anunciara que van a bajar un 20% las áreas que están contaminadas, pero sobre un estándar más alto". Asimismo, denunció que "se eliminó el control de cianuros y parámetros bacteriológicos".
El integrante de la Asamblea Barrial Béccar y del Espacio Intercuencas, recordó que tras la cautelar presentada contra ese marco regulatorio "se logró que la justicia intervenga para que no se corte el servicio de agua y cloaca", debido a que "el problema principal es que transforma un servicio público en un comodity para asegurar rentas extraordinarias para quien se lo quede".
En tal sentido, Pérez Esquivel subrayó que "desde que asumió este Gobierno, aumentó un 680% el servicio de AySA", y en el nuevo contrato de concesión "se le asegura a la empresa una rentabilidad de 8,30% en dólares, además de la ganancia que puede obtener por la prestación del servicio". En tanto, cuestionó que "todos los pasivos ambientales y los juicios laborales que tiene la empresa se van a transferir al Estado, porque se privatiza sin deudas". De esa manera, rechazó que "la empresa se puede volver a endeudar".
Por último y respecto de la reunión con la vicegobernadora Vernónica Magario, reveló que "fue muy buena" y que le pidieron una ley que rechace la privatización del servicio en la Provincia.