En diálogo con Radio Provincia, señaló que la medida de suspender por 60 días la aplicación de la nueva normativa en la provincia de Buenos Aires por parte de la magistrada de Lomas de Zamora, tiene criterios razonables.
“¿Qué curioso esto de que nos sorprendan fallos que sean razonables? No estamos tan acostumbrados a que la justicia se acerque al sentido común”, expresó Muñoz. Seguido, el defensor público precisó que la resolución judicial no cuestiona el fondo de la norma ni su orientación ideológica, sino la imposibilidad material de llevarla a la práctica en las condiciones actuales.”El fallo claramente lo dice: no me estoy metiendo en el fondo de la cuestión ni en las tensiones de la ley, sino que, si el sistema hoy está colapsado, no pueden ingresar más pibes”, señaló.
Asimismo, Muñoz puso el foco en la falta de preparación de los actores del sistema y en la ausencia de recursos indispensables para garantizar el cumplimiento de la ley. En ese sentido, remarcó que la formación de los operadores del sistema “fue improvisada y extemporánea, iniciándose a último momento y de manera fragmentada”.
Luego señaló la falta de vacantes en los centros de contención, así como la ausencia de equipos interdisciplinarios especializados indispensables para abordar la temática juvenil. En ese marco, advirtió sobre los riesgos de criminalizar a jóvenes de distintos sectores sociales por conflictos menores sin contar con la contención adecuada.
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