La abogada especializada en casos de subrogación de vientres, Florencia Lucione, habló del tema luego de la visita a la Argentina de Olivia Maurel, portavoz de la Declaración de Casablanca contra la abolición universal de la subrogación de vientres. Al respecto, sostuvo que "en nuestro país hay un monton de técnicas de reproduccion humana asistida que están debidamente legisladas y reguladas", y recordó que "en el anteproyecto de la última modificación del Código Civil que se realizó en 2015, esa práctica estaba como una posibilidad como para poder regularse, pero en la versión final se eliminó". Por lo tanto, dijo que "no hay una regulación estricta y tampoco figura en la Ley de Fertilización como una práctica concreta".
A raíz de eso, se sostiene que "hay un vacío legal y todo lo que no está prohibido, está permitido". La letrada aclaró que "en ese gris se dan casos de subrogación de vientres, que efectivamente existen cada vez en la Argentina y, de algún modo, nuestro país comienza a ser un destino apropiado para llevarse a cabo porque esta ausencia de regulación". Sin embargo, planteó que "el Código Civil es taxativo en relación al vínculo filiatorio: es madre quien pare". Si bien detalló que "no está en discusión, mediante distintos procedimiento se maquilla para que la norma se acomode de acuerdo a quienes intentan llevar adelante la práctica".
Por otra parte, resaltó que "no se habla en ningún momento del pago" por el alquiler del vientre, pero "es una cuestión que suceden en la marginalidad", ya que "es muy incómodo todas las cuestiones que entran en juego, decir que se está comprando un bebé". Eso "se dá en el marco de un acuerdo que no se documenta en ningún lado".
Por el contrario, Lucione explicó que "el delito es la trata de personas", al tiempo que informó que "hay algunos casos que se están investigando como trata de personas en el país".
En cuanto a cómo se realiza la inscripción, la entrevistada indicó que "se hace a través de una acción judicial mediante la que se solicita la impugnación de la filiación entre la gestante y el bebé". Describió que "en CABA había una resolución que habilitaba una inscripción preventiva, sin la autorización judicial, en la que dándose determinados requisitos, el Registro Civil inscribía a ese bebé como hijo de los padres conmitentes, y no de la gestante". Esos casos tenían "un ámparo que finalmente cayó y quedó sin efecto, lo que coincidió con un fallo de la Corte Suprema de octubre de 2024 que, frente a uno de estos casos, dice que los jueces no son quienes tienen que legislar sobre el régimen de filiación y retoma lo que dice el artículo 562 del Código Civil", que establece que "la inscripción de ese víncilo filial debe realizarse", de modo que "exhorta al Congreso a tratar el tema y desde ahí los jueces lo toman como precedente".
En ese marco, la abogada sostuvo que "hay varios proyectos de ley que abordar la regulación", de los cuales "algunos reconocen que hay una compensación económica o una erogación de gastos médicos o del tiempo que le lleva a la gestante llevar adelante el procedimiento", aunque "todos los proyectos tienen en común hacerle lugar al instituto dentro del ordenamiento jurídico".