Rodolfo Martín Barbieri, asesor legal de la Cámara Inmobiliaria Argentina criticó la propuesta de desregular el mercado de la compraventa de inmuebles y desacreditó el “basamento de defensa de la competencia” que se presenta desde la LLA.
En contacto con Radio Provincia, el abogado señaló “si bien la libre competencia y el ejercicio del comercio son muy importante, están muy por debajo de las garantías constitucionales que tiene el consumidor”. Y denunció que en este caso “quedarían desprotegidos” con la intervención de una persona que no está formada en la materia.
En este sentido, admitió que “No le encuentro finalidad” a la iniciativa porque “venden que va traer mayor competencia y que las personas van a pagar menos de honorarios” pero lo que no se dice es que “es un servicio jerarquizado y profesionalizado desde 1859, cuando se dicta el Código de Comercio de la Provincia que luego se convierte en el Código de Comercio de la Nación”.
“Allí se estableció el requisito de tener 1 año de oficina y oficio, estar anotado en un registro oficial como corredor y ser mayor de edad. Y la actual propuesta hace que volvamos- más o menos- a esa época. Nos estamos remontando 150 años para atrás” dijo.
Y aclaró que “desde el SXX se estableció la obligatoriedad del secundario y luego se le agregó un título universitario, que hace a la jerarquización de la profesión” dado que “no es lo mismo vender un par de zapatos que una propiedad”.
Seguido desarrolló que “el comerciante tiene una obligación de resultado y el corredor tiene una obligación de medios, por lo tanto tiene que tener la idoneidad suficiente que hoy está garantizada por la matrícula, los controles". Y por tanto, si esto desaparece, "los ciudadanos quedan desprotegidos" porque "pierden la instancia colegiada que cuenta con un tribunal de disciplina que sanciona al corredor ante cualquier mala praxis que pudiera existir en el ejercicio de su profesión".
Además, no sólo se pierde el “tribunal de disciplina profesional sino que también se estarían cercenado las facultades de control que tienen las provincias que ejercen su poder de policía sobre la profesión".
Y por último permitiendo que se “haga a través de plataformas virtuales” se termina “beneficiando a grandes corporaciones, grandes empresas desarrollistas que van a copar el mercado y van a formar grandes oligopolios, cartelizando la oferta de bienes determinando que zonas valen, cuales no; y cuánto se cobra de honorario, y si a eso le agregamos la falta de control todo es para peor”, cerró.