En diálogo con El Repaso, expresó la preocupación por parte de las organizaciones de la sociedad civil ante un nuevo decreto del Poder Ejecutivo que modifica normativas del año 2003 (los decretos 222 y 588).
Al respecto, explicó que “esta modificación elimina la instancia en la que la ciudadanía y las ONG podían presentar comentarios u objeciones al presidente de la Nación sobre los candidatos propuestos para la Corte Suprema y jueces de instancias inferiores, antes de que sus pliegos sean enviados al Senado”. En ese sentido, sentenció: “Lo que hace el presidente con este decreto es eliminar esa posibilidad de que la ciudadanía le acerque comentarios".
"En el proceso previo de nominación el Presidente tiene la obligación de presentarlo a la sociedad a sus candidatos. Ahí hay 15 días para que la sociedad civil y ciudadanos en particular interesados hagan comentarios sobre estas candidaturas", sostuvo, al tiempo que agregó: "Esa parte en la cual el Presidente recibía comentarios, por supuesto no vinculantes de la ciudadanía, fue eliminada totalmente del decreto 222 y quedará la participación en la Comisión de Acuerdos del Senado"
Seguido, desestimó el argumento oficialista que señalaba que este proceso generaba demoras, recordando que la Corte lleva años incompleta y que el periodo de consulta pública previa era de apenas 15 días. "No recuerdo hace cuánto tiempo no tenemos la Corte completa. Nadie puede venir a decir que porque 15 días más que se le presente a la ciudadanía los candidatos se demora mucho esta situación. Me parece que es algo para nada, porque no se quiere escuchar en este caso a la ciudadanía, o se le quiere tirar la pelota al Senado", concluyó.