MÓVIL RISO BALVIDARES
El economista y ex legislador nacional expresó por Radio Provincia su preocupación ya que, según dijo, “no hay datos halagüeños de lo que debería ser que es no aprobar esta ley que es absolutamente inconstitucional”.
Explicó que “la Constitución Nacional es muy clara respecto a que hay que establecer presupuestos mínimos a nivel ambiental y en el caso de los glaciares, eso es elemental porque en general la gran mayoría de ellos abastecen cuencas hídricas que tienen que ver con varias provincias. Son interjurisdiccionales, por lo tanto, dejar en manos de algún gobernador que le quite el agua a la otra provincia es un verdadero disparate”.
Agregó que la norma anterior “ponía en manos de evaluaciones de carácter científico, donde intervenía el CONICET a través del Instituto de Glaciología para hacer el relevamiento hídrico de cada glaciar. Acá se deja en manos de los gobernadores ver si un glaciar tiene que ser protegido o no, una verdadera locura”.
Lozano recordó que “hay un acuerdo, al cual adhirió Argentina, que establece el tema de la democracia participativa ambiental y que obliga a la audiencia pública. Acá hubo más de 100.000 anotados que no fueron escuchados por lo que, consecuentemente, si esta ley si se votara, estaría viciada en nulidad y abriría la posibilidad que la justicia la anule”.
En esa línea el economista confió en que “los diputados reflexionen un poco”, aunque admitió no tenerles mucha confianza, “porque la cantidad de gente que se movió para la audiencia es un ejemplo de que el tema está mucho más instalado de lo que se creía, de que hay un consenso social negativo respecto a definiciones de esta naturaleza”.
“Si el parlamento no hace lo que tiene que hacer, seguiremos bregando para que desde la calle y desde el poder judicial, eso se termine anulando” -remarcó Claudio Lozano.
En otro orden, consultado sobre los préstamos del Banco Nación otorgados a funcionarios, como ex director de la entidad respondió: “la verdad que es un verdadero escándalo de carácter moral. Un nivel de inmoralidad inaceptable. Dilapidar recursos para financiar la compra de propiedades suntuarias, propiedades premium, es un verdadero despropósito y no tiene nada que ver con la tarea de fomento que debería cumplir el banco público para garantizar que aquellos de los sectores medios y medios bajos, que tienen dificultades para adquirir una vivienda, efectivamente puedan hacerlo”.
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