Mariela Galeazzi, directora de Litigio en Amnistía Internacional Argentina relató que el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer observó en Argentina un “deterioro y retroceso en políticas públicas en la materia, desde 2023”. Y en un hecho “inédito” informó que “va a volver a analizar” el caso argentino por lo que le “pidió rendición de cuentas concretas en un lapso de dos años, disminuyendo drásticamente el tiempo donde se observa y documentan los procesos de los estados”.
La presentación argentina ante el tribunal internacional se realizó el pasado 10 de febrero.
En contacto con TER, por Radio Provincia desde Amnistía Internacional Argentina la entrevistada relató que “El Estado argentino fue examinado ante un equipo de 23 especialistas que integran este Comité que monitorea el cumplimiento por parte de los estados de la Convención contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, tratado internacional que en el país tiene jerarquía constitucional, desde la reforma de 1994”.
Seguido, Galeazzi enfatizó que desde el Comité se alerta “que en materia de políticas públicas vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres, la protección contra las violencias y acceso a programas de salud sexual y reproductiva o los derechos de las personas LGTBI, lo que se observa son marcados retrocesos”.
La entrevistada detalló que uno de los puntos que se hace hincapié en el informe es en que “se redujo drásticamente la Línea 144, que atendía a las mujeres en situación de violencia” y criticó que mientras “se redujo un 45% su planta de personal, ahora la línea además atiende todo tipo de violencia, sin atender que hay un femicidio cada 35 hs. en el país, circunstancia que habla de un problema estructural que requiere de una atención específica”.
“El retroceso en políticas de género es transversal” recapituló y enfatizó que hay áreas “como la de salud sexual y reproductiva que es más marcada porque se redujo más de un 80% la distribución de algún método anticonceptivo. Y el Plan que se encargaba de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia para 2026 está sin financiamiento. Esas son las cosas por las que el Comité mostró preocupación”.
Finalmente respecto a la posición esgrimida por el Estado argentino sobre el aborto lamentó que fuera no sólo “contraria a derecho” sino que “recuperara argumentos que ya fueron superados en la calle en el 2018 y luego en el 2020”, con la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).