Tras la modificación del Régimen de Tenencia de Armas Semiautomáticas, la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic denunció que “lo que está ocurriendo es que están ampliando el mercado -tanto bajando la edad, como habilitando el uso de este armamento- y alertó que “hay que endenderlo en el marco de que hay funcionario con alta responsabilidad que no les importa mucho las consecuencias de sus decisiones; mientras favorezcan intereses que les permitan sostener su poder, y hasta conseguir algunos recursos adicionales (que no sabemos)”.
En contacto con “Naplam”, por Radio Provincia, la también socióloga consideró que la modificación permite la adquisición y tenencia de “armamento de guerra con fines deportivos” es “una continuidad de la orientación ideológica que tienen Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Burllrich” porque “está en línea con los sectores que parecen representar: Los lobistas de la venta de armas”.
Seguido detalló que esta nueva disposición se puede sumar a la decisión de “bajar de 21 a 18 años la edad para los legítimos usuarios de armas de fuego” y a “un proyecto de blanqueo de todas aquellas armas de fuego que están en posesión de manera irregular”.
Asimismo, rebatió la tesis que esgrimen quienes están a favor de la libre portación de armas comparando la tasa de homicidios dolosos (que son las muertes cada 100 mil habitantes) en Argentina y Estados Unidos.
“EEUU tiene una tasa mayor a la nuestra, porque allí este índice es superior a los 6 homicidios cada 100 mil hb; mientras que Argentina tiene una tasa de 4, que además viene bajando desde 2014”, puntualizó. Y, al mismo tiempo agregó una reflexión sobre el caso de Brasil -que se empezó a comentar tras la matanza de los últimos días- porque durante “el Gobierno de Bolsonaro hubo la misma habilitación para civiles, y eso generó el aumento de la tasa de homicidio. Es sabido que cuanto más armamento circula entre los civiles crecen los homicidios”.
Frederic recordó que “en los últimos 200 años, lo que han hecho los Estados es concentrar el uso de las armas en profesionales que dependen del propio Estado; e incluso algunos -como el nuestro-, han tenido, durante mucho tiempo, la política de retirar armamento de las calles, a partir de diferentes planes de Desarme”. De hecho, “la política debería ser esa para bajar los homicidios” porque “el armamento genera riesgos muy graves”, enfatizó.
En ese sentido ejemplificó con “los policías que son asaltados o ven un asalto y están de civil -y no están haciendo uso de su condición profesional- porque terminan siendo más vulnerables ellos o las personas que van a defender y hasta los delincuentes, que generalmente terminan ejecutados”.
Por otra parte, analizó que “las armas son uno de los negocios que más dinero mueven en el mundo. Y además, tienen lobistas de mucho peso”. Y, encendió luces de alarmas al reparar en las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que identifica a Estados Unidos como el gran proveedor “del armamento que está asesinando a mexicanos o haciendo desparecer gente” .
Finalmente, repasó la política de seguridad que lleva adelante la administración de la LLA y la criticó porque “tiene una narrativa de protección del personal, que está muy lejos de protegerlo. Es inédito. Los mandan todas las semanas a una situación indigna, a reprimir jubilados. Los despliegan, sin tener en cuenta capacitaciones específicas, ni equipamiento, ni equipo de contención”.
“Lo que hace Bullrich es enviar al personal policial a la batalla con un escarbadientes. Y eso termina siendo funcional porque toda esta situación los vuelve más violentos. Y a eso hay que sumarle que los salarios cayeron un 40%. Y entonces, el 40 o 50 % del personal deben hacer adicionales y trabajar en plataformas porque no llegan a fin de mes. El nivel de extorsión que ejerce un Gobierno de derecha sobre el personal hace que todos sean más violentos y los convence de que pegarle a un viejo, a un fotoreportero o gasear a una niña es la función del policía”, cerró.