Organizaciones sociales se movilizaron esta mañana al ministerio de Economía, donde entregaron un petitorio, para que se retomen las iniciativas que quedaron sin concluir en los barrios populares. Desde el MTE, Álvaro dijo que “hay 700 obras paralizadas que se iniciaron en la gestión anterior”. Precisó que se trataba de “obras de urbanización, como agua potable, seguridad eléctrica, veredas, espacios comunitarios, desagües, cloacas”.
Más tarde, denunció que “desde hace 2 años el gobierno nacional intenta cerrar la secretaría de Integración Sociourbana y con ello el FISU, que es el Fondo que nutre las obras y que fue financiado con un aporte extraordinario a la riqueza”. Según el dirigente social, “esto implica que quedan 127 mil cooperativistas sin trabajo”, al tiempo que “las obras empiezan a sufrir el deterioro por el tiempo de paralización”. De esta manera, lamentó que “se malgastan y desperdician los recursos del Estado invertidos”.
Álvaro advirtió que “no solo destruyeron la obra pública en general sino también todo tipo de política social que llegaba a los barrios, que hoy son víctimas y presos del narcotráfico”. Según lamentó, “pareciera que el Gobierno hace todo para que crezca, ya que además de tener candidatos, ha elaborado un sistema económico para el blanqueo”. Mientras tanto, en los barrios “se vive una situación de desesperación, sin trabajo, sin la posibilidad de llegar al 10 de cada mes y con situaciones muy límites, donde los pibes no tienen otra salida que pensar en el narcomenudeo”.
En ese marco, enfatizó que desde el MTE “estamos en contra de esto y venimos a denunciar que la manera de resolverlo es con inversión, trabajo y políticas activas reales como la implementación de la Ley Sociourbano nacional que fue aprobada con un amplio consenso, pero el Gobierno está incumpliendo”.