Luego que la administración libertaria ponga en vigencia el D.447/25 que reestructura el funcionamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano, ex director del área consideró que el gobierno nacional “va a contramano del desarrollo y de lo que el mundo encuentra como una fórmula que funciona”.
En contacto con “TER” por “Radio Provincia” el especialista en gestión de la innovación y políticas de ciencia y tecnología aseguró que “estamos en medio de un experimento cruel que implementa Javier Milei para ver hasta cuanto soporta el sistema científico antes de colapsar” porque los cambios se “fundamentan en el ahorro”.
En ese marco criticó que la administración nacional cambie la gobernanza federal del organismo que estaba integrada por 11 miembros: Un presidente y 10 vocales ad honorem por “solo tres representantes del Poder Ejecutivo” a partir de ese decreto.
Seguido consideró que esta decisión “es un aflojamiento muy notable en la obligación para rendir cuentas (…) cuando, en épocas de normalidad del área, se decide la inversión de 100 millones de dólares”.
Asimismo, Peirano aseguró que “cambiar el gobierno de la Agencia, también es afectar el trabajo de 25 mil investigadores del país” porque con la nueva conformación del directorio y los lineamientos dispuestos “muchas investigaciones básicas o de largo aliento pueden verse perjudicadas”.
En ese marco, el especialista explicó que en el anterior directorio los “vocales representaban a la comunidad científica y a los actores de la producción vinculados con el desarrollo tecnológico y la innovación, se establecía paridad de género, un equilibrio entre disciplinas y enfoques y una representación federal de todo el país”.
Pero “todo eso se pierde con el D.447 y quedan 3 delegados del Poder Ejecutivo tomando decisiones” a partir de “un sistema de evaluación donde priman las variables económicas como el filtro para pasar las investigaciones. Y esto puede ser muy perjudicial para muchas propuestas de las ciencias sociales, las ciencias básicas y para los proyectos tecnológicos de largo aliento”.
Por ello cuestionó que sean “funcionarios” y no “pares del sistema de ciencia y tecnología” los encargados de habilitar las investigaciones y aclaró que antes de esta modificación, el país era “un referente en América Latina” por su sistema de evaluación de proyectos que tiene una historia de 25 años y ha sido reconocido por sus "buenas prácticas" en la materia a nivel internacional.
Finalmente concluyó que “no tener una Agencia en funcionamiento o un sistema de promoción hace que las buenas ideas que surgen en Argentina no se convierten en un beneficio para los argentinos” dado que ya hay investigadores que, por ejemplo “lograron demostrar en un laboratorio la formulación de una vacuna para la tos convulsa, pero están buscando expresar todo el conocimiento en una patente para ver si alguien en el mundo compra la licencia”. Por lo tanto “esto ya no es un problema únicamente para los investigadores sino de oportunidades de desarrollo” ya que “no facturamos el beneficio de nuestras buenas ideas”