Leonardo Martínez Herrero letrado representante de 5 familias de Avellaneda, que fueron seleccionadas en el programa Pro.Cre.Ar, aseguró que desde el Ejecutivo nacional “no dejaron garantías sin quebrantar” al no entregarles la viviendas adjudicadas y por ello presentaron ante la justicia “una denuncia penal” contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la ministra de Seguridad, Particia Bullrich y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El conflicto se desató cuando el gobierno nacional decidió reasignadas a miembros de las fuerzas de seguridad 160 viviendas que pertenecían al extinto Programa Pro.Cre.Ar, cuando ya había ciudadanos que habían sido sorteados y en algunos casos iniciado los trámites para su adjudicación. De hecho, esto motivó que el Defensor del Pueblo de Avellaneda trabaje en una demanda colectiva para representar a esas 160 familias.
En contacto con “Napalm” por “Radio Provincia” el representante legal explicó que el Ejecutivo nacional, con la medida, incurre en el delito de “defraudación por desbaratamiento de derechos acordados” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” porque “se rehúsan a seguir las acciones habituales para la entrega de las viviendas”.
Martinez Herrero relató que a principios de 2024 “vinieron 7 vecinos de barrio Sagol” denunciando que “habían sido sorteados, y querían presentar la documentación; pero les iban dilatando el trámite”. Y recordó que como había reuniones pero no avanzaban con los trámites, mientras a las casas “solo les faltaba conectar la luz, presentamos un amparo judicial para que el Estado Nacional entregue las viviendas adjudicadas. Además, algunos beneficiarios ya tenían el crédito preaprobado por el Banco Hipotecario”.
Seguido recordó que entonces “la justicia empezó a dilatar las presentaciones” invocando “temas de competencia” pero en realidad “lo que querían era que lo resolviera la parte política. Y luego Patricia Bullrich se las sacó a los beneficiarios y se las asignó a los miembros de las fuerzas de seguridad nacional” para “descomprimir un conflicto con Gendarmería nacional”. Y por esos “5 de los 7 vecinos del comienzo decidieron hacer la denuncia penal"; mientras que hay dos que desistieron porque "le tienen miedo a la Ministra”, dijo.
Además explicó que en la presentación ante la justicia “se intima al Ministerio de Economía y de Seguridad nacional para que muestren el convenio de transferencia de las viviendas, si es que existe” y se les pide que expliquen “con qué carácter y cómo fue el acto de entrega de las viviendas a los policías”.
Finalmente, aclaró que “este no es un tema con los policías a los que les hayan entregado las viviendas, sino que es un tema con la ministra Bullrich y el ministerio de Economía que recibieron estas viviendas y el poder Ejecutivo que disolvió el PROCREAR" porque con sus decisiones "no dejaron garantías sin quebrantar”.