En contacto con "Es Un Montón” por Radio Provincia, Juan Martín Mena explicó que el recurso en queja que la exvicepresidenta Cristina Fernández presentó ante la Corte Suprema en el marco de su condena en la causa Vialidad “es la última estrategia antes de que pueda ser ejecutable la sentencia del tribunal oral de 2022”.
El ministro bonaerense de Justicia y Derechos Humanos advirtió que “si se llegara a confirmar esta condena, cualquier presidente va a ser responsable de lo que haga cualquier funcionario de cualquiera de las 23 provincias argentinas”. Por ello consideró conveniente acudir a la Corte, que es el máximo tribunal de justicia del país “para que revise las innumerables violaciones a las garantías constitucionales que presentó la investigación”.
Seguido, denunció que los devenires judiciales de la causa siempre “estuvo emparentada y calendarizada por los procesos electorales” y “se cometieron innumerables violaciones a los derechos y garantías de Cristina Fernández de Kirchner en este afán de condenarla a como dé lugar para condicionarla electoralmente”.
En ese marco, aclaró que pese a que “sobre esta causa se ha escrito ríos de tintas” y “se pretendió instalar que había 3 toneladas de prueba, luego no aparecieron ni 10 gramos”. Además, aportó que “fue tan desesperada la búsqueda de una sanción contra la expresidenta que la condenan por administración fraudulenta, delito que no podía cometer”, sólo para “lograr su inhabilitación para ejercer cargos públicos”. Mena explicó que esto se puede ver porque “no hay un sólo hecho voluntario cometido por Cristina Fernández para cometer el delito que el imputan. Y además no podía haberlo cometido aunque quisiera” porque no solo la separaban los 3.800 km, desde donde se cometió el delito, sino más de una veintena de funcionarios, sobre los que no tenía ningún control o injerencia. Es verdaderamente escandaloso lo que se hizo. Y por ello se apeló”.
De hecho, resaltó que “las 51 obras públicas que fueron enjuiciadas en este proceso, fueron ejecutadas y administradas por autoridades provinciales de Santa Cruz” que en ese momento tenía “un gobierno provincial adversario a Cristina Fernández, y ni siquiera era del mismo signo. Es de imposible cumplimiento lo que hicieron”.
Por otra parte, respecto a la conducta que se puede esperar de la Corte, Mena reflexionó que “si bien es muy difícil aventurar qué va a pasar”, con este recurso “hay un escepticismo de base porque cuando Cristina Fernández es parte de un expediente judicial se queman los códigos, las leyes y la Constitución, y ésto no sólo lo vimos en esta causa sino también en la que era víctima” mientras se investigaba el intento de magnicidio en su contra.
Pero, al mismo tiempo, analizó que “sería un escándalo” que “no se expida” amparándose en “el artículo 280 del Código Civil y Comercial” que le permite “desechar el caso y ni si quiera decir porqué” dado que “se trata de una causa donde está condenada quién fuera 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta” en una investigación que se le sigue fundamentalmente por su función pública.
Asimismo, respaldó la recusación del magistrado Manuel García-Mansilla porque “tiene que ver con algo que está regulado en la Ley Procesal Penal que es el temor de parcialidad” y que es “el derecho de todo ciudadano de ser juzgado por magistrados independientes e imparciales”. Y porque además “la ley no exige que esto se confirme, sino que con el sólo temor del justiciable se habilita su recusación”.
Además, García Mansilla es una persona, “que asumió por decreto violando el mecanismo Constitucional, mientras el presidente Javier Milei, que fue el que lo puso en ese cargo, como empleado suyo, se cansó de decir, en todos lados, que Cristina debería estar presa. Entonces, no sólo hay un temor de parcialidad, que es lo que protege la carta magna, sino que creemos que hay una parcialidad lisa y llana. No hay ninguna forma de que García Mansilla sea un juez imparcial”.
Y finalmente, señaló que también hay que tener en cuenta que el artículo que se usó para nombrarlo en comisión “jamás estuvo pensado para nombrar Jueces de la Corte. Y sólo las dictaduras y el presidente Mauricio Macri, en 2016, -aunque luego fue saneado por el Senado- hicieron uso de este recurso”.