Luego de que se recortara la cobertura de medicamentos que dispensaba el PAMI a los adultos mayores, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) interpuso un amparo colectivo en la justicia.
En contacto con “Es Un Montón” por Radio Provincia, Jerónino Guerrero Iraola, abogado apoderado del CECIM explicó que esta medida que afecta al colectivo de excombatientes, también “alcanza a gran parte de los adultos mayores de la Argentina”. Por ello, también “se pone a disposición la demanda y la carta documento. Vamos a estar compartiendo estos insumos para que esto no quede así”, aseguró.
El entrevistado puntualizó que, tras la medida anunciada por la obra social de la Nación, “comenzamos a recibir una serie de mensajes porque a los compañeros les estaban cobrando los medicamentos. Frente a esto activamos una suerte de comité de crisis porque es una situación muy angustiante para el colectivo”.
Seguido, detalló que “lo primero que hicimos fue cursar una carta documento al titular del PAMI, el doctor Esteban Leguízamo, para que diera marcha atrás con la medida, en el plazo perentorio de 12 horas". De todos modos, señaló que "como no tuvimos respuesta avanzamos con una presentación de amparo colectivo que cayó en el Juzgado Federal 4 a cargo del magistrado Alberto Recondo”.
Guerrero Iraola ponderó que Recondo, “cuando se hizo el reclamo por la Ley de Tierras, dijo que como era contemporáneo de los excombatientes, tenía una vinculación afectiva y entendía la importancia de la reivindicación del colectivo de excombatientes”. Por lo tanto, consideró que “si aplica este criterio y esta empatía humana, no puede dejar, como magistrado de la Nación y garante de la Constitución, que queden desprotegidos los excobatientes de Malvinas" ya que eso "sería una tragedia”.
El letrado enfatizó que el amparo presentado pide que “la justicia le exija al PAMI que se restablezca la cobertura del 100% de los medicamentos”. Y subrayó que la acción presentada es una iniciativa “colectiva que alcanza a todos los excombatientes y su grupo familiar a lo largo y a lo ancho del país” lo que llega a contabilizar cerca de “43 mil personas”.
"Acá estamos hablando del Derecho Humano a la salud y a la vida porque están íntimamente vinculados", resaltó Guerrero Iraola, e insistió: "No estamos pidiendo, ni más ni menos, que el Estado cumpla con sus obligaciones porque cuando hay un derecho garantizado y ese derecho se cumple no se puede dar marcha atrás en los estándares de cobertura".
En ese escenario, consideró que "cualquier magistrado que tenga empatía, conozca la Constitución -y cómo están instrumentadas las obligaciones del Estado en materia de promoción y protección de los derechos humanos- no puede optar por otro camino que no sea darle la razón a los excombatientes y ordenarle al Estado Nacional que deje de violar derechos humanos, que es lo que está haciendo hoy".