El director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, se refirió al fallo judicial que ordena al Ejecutivo nacional entregar alimentos a 66 comedores de la asociación civil “El amanecer de los cartoneros”.
Por El Repaso, en Radio Provincia AM1270, dijo que esta resolución “tiene un recorrido largo porque empezó en febrero, cuando las organizaciones sociales reclamaban alimentos y ante la falta de respuestas presentamos una acción judicial colectiva”.
“En mayo, la justicia le dio trámite a esa acción porque consideró que, efectivamente, había comedores que no recibían la comida y en julio, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, dictó una medida cautelar para que, mientras dura la discusión de si el Ministerio (de Capital Humano) entrega o no comida, los comedores que recibían comida tienen que volver a recibirla. Estamos a noviembre y logramos que al fin la justicia le reclame de manera efectiva que entreguen la comida, porque el Ministerio dice que ellos siempre entregaron comida, cosa que es mentira”, explicó.
Seguido, afirmó que “por suerte ahora, en tres días, lo que ordenó el juez es que estos 66 comedores que reclaman la comida desde julio, tengan la mercadería en sus espacios físicos y se la puedan dar a las personas que la necesitan. El Juez también condenó al ministerio de Capital Humano por la falta de entrega de comida a todos los comedores del país. En julio acreditamos que estos 66 comedores no recibían la comida, la justicia lo comprobó”.
Morales puntualizó que “estamos desarmando las mentiras del Ejecutivo, logrando que la justicia compruebe que son mentiras”, aunque reconoció: “Son procesos colectivos complejos que involucran presupuesto, porque son obligaciones previas que asumió el gobierno argentino” desde 2001.
“El esfuerzo de las organizaciones es doble: desarmar las mentiras y probar que la comida no llega. La justicia se tomó su tiempo porque se requiere analizar distintas líneas presupuestarias”, significó el entrevistado, al tiempo que advirtió que “el gobierno usa el argumento de que las organizaciones son intermediarias, y sí, desde 2003 el Estado decidió contar con esas personas que conocen las realidades de cada barrio, que puede definir en qué lugar” hace falta la asistencia”.