En diálogo con “Napalm” por Radio Provincia 1270, el diputado nacional Leopoldo Moreau, apuntó contra la ministra de Seguridad de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, a la que acusó de ser quien intentó “instalar un estado de excepción, es decir borrar la Constitución Nacional”.
Moreau, afirmó que en todos los gobiernos que ella participó: en la Alianza, en el de Macri y en el de Milei, “siempre proyectó su sombra sobre la violencia institucional"., y recalcó que “todos los hechos de violencia institucional y política” de alguna forma u otra tuvieron como protagonista a Patricia Bullrich.
Seguido enumeró: Primero en la presión que ejerció hasta que se produjo el suicidio del fiscal Nisman.Bullrich fue la que lo citó al parlamento, además registró la mayor cantidad de llamadas antes que el fiscal tuviera que asistir al parlamento previo al día del suicidio.
Segundo: estuvo muy presente en lo que significó la desaparición, de más de 70 días, y posterior muerte de Santiago Maldonado, donde tuvo una participación muy proactiva e inauguró la figura del Delito en Flagrancia en la ocupación de la ruta que terminó en un accionar de la gendarmería nacional que tuvo ese trágico resultado.
Tercero: Estuvo presente en el asesinato de Rafael Nahuel, un hecho comprobado por la justicia, por parte de la prefectura nacional martítima que lo tiroteó por la espalda en la zona de Bariloche.
Cuarto: Está imputada, causa que sigue abierta, por respaldar el golpe de estado en Bolivia, a través del contrabando de armas municiones provistas por parte de la gendarmería por orden del presidente Macri.
Quinto: Reaparece en el gobierno de MIlei con el intento de imponer un protocolo que inicialmente produjo represiones que preanuncian un estado de violencia institucional.
Por último, “a sido la principal responsable de la represión del 12 de junio cuando se trató la Ley Bases, donde quedó en evidencia que montó un operativo de provocación que se inició sobre diputados nacionales desde la sala de situación, desde donde monitoreaba la manifestación que se realizaba en términos pacíficos y en una casería de manifestantes que no registra antecedentes en la historia democrática de la Argentina desde el 83´en adelante corroborado por un fallo judicial, que describe que esa casería se desarrolló en forma ilegal en tanto y en cuanto ni la propia policía pudo justificar esas detenciones, afirmó el diputado nacional .
En estos mismos términos Moreau denunció que “lo más grave es que quiso instalar en Argentina un estado de excepción, es decir borrar la Constitución Nacional, inventando con el presidente, y la complicidad del inefable fiscal Stornelli la teoría de que la manifestación tenía propósitos terroristas y de desestabilización del gobierno. Algo que fue rechazado de plano por la jueza que intervino en el caso y que esperamos que ratifique la Cámara Federal”.
Por otra parte, al referirse al atentado contra la vida de la ex presidenta Cristina Fernández y el comienzo del juicio oral contra los integrantes de Revolución Federal, señaló que “Patricia Bullrich, siendo presidenta del PRO, fue la única titular de un partido que no repudió el atentado contra Cristina Kirchner pero lo más grave es que su imagen se proyecta sobre este atentado con vínculos muy directos y participó de hechos que se pueden calificar como atentatorios de la Constitución Nacional con los integrantes de Revolución Federal que fueron el entorno del que surgió este grupo que intentó asesinar a la presidenta de la Nación además de su estrecha relación con el diputado Milman que apareció diciendo que “cuando la maten voy a estar en la Costa”, y que mereció una investigación que fue acotada y dónde hubo declaraciones que corroboran que tenían conocimiento que este atentado iba a ocurrir”.
Sobre el juicio por el intento de asesinato contra Cristina Fernández, Moreau infirió que “desde la justicia hubo intención de mostrarlo como un atentado y una reacción espontánea y marginal, de un grupo de personasl, lo cierto es que hay mucha evidencia que hubo participación importante en el financiamiento y en la instigación de este atentado que ha quedado a la luz y a la vista de todo el mundo más allá de los intentos que se hicieron en la justicia por ocultar estas circunstancias”.
Sobre la intervención en paralelo del juez Martinez di Giorgi, reveló que “aportó muchísima información vinculada a la financiación del atentado, que fueron desechados por la jueza Capuchetti pero que siguen allí y, que pueden servir en el juicio oral que pueden demostrar la vinculación y el financiamiento entre la existencia de Revolución Federal y la familia Caputo y nadie puede explicar qué sucedió. Además del rol que jugó la vecina para materializar el atentado y una cantidad de vínculos que no han sido profundizados que en este tramo del juicio oral pueden reavivarse y ser puestos en evidencia a través de las intervenciones de los testigos e interrogatorios de fiscales y abogados que intervienen en el caso”.
Por otra parte, Mareau adelantó que los diputados que fueron afectados por el”ataque alevoso e ilegal” que sufrieron en el tratamiento de la Ley Bases hicimos una presentación en simultáneo que fue recibida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los DDHH de la OEA, una presentación en simultáneo ante la Procuración de Violencia Institucional y estamos en contacto con varias víctimas de la represión sistemática que quiere instalar Patricia Bullrich en Argentina a través de un estado de excepción por encima de la Constitución para que las víctimas se presenten con el patrocinio de abogados que nosotros estamos dispuestos a aportar y denuncias que vamos a hacer en la Cámara de Diputados, que fueron víctimas de apremios ilegales en el ámnito del Servicio Penitenciario Federal, que por primera vez en la historia pasa a manos delMInisterio de Seguridad, a mano de Patricia Bullrich, y que es un hecho de gravísima repercusiones y por eso lo vamos a presentar ante la Organización Mundial Contra la Tortura, porque resulta ser que el SP practica apremios ilegales en las cárceles e interrogó sobre afiliación política a los detenidos y eso está fuera de cualquier diligencia y puede estar violando al ley de inteligencia.
Remarcó que “hay no menos de 4 testimonios muy contundentes en ese sentido. Los diputados hemos tomado contacto con ellos para garantizarles la seguridad y colocarles un grupo de abogados que los patrocinen”.